Oregón y Coinbase piden parar hasta 2027 el caso de 31 tokens

El 16 de septiembre de 2026, el Estado de Oregón y Coinbase firmaron el mismo escrito para pedirle al tribunal seis meses más sin litigar: el documento 63 del expediente 3:25-cv-00952, «State of Oregon v. Coinbase, Inc.», pide suspender el caso hasta el 16 de marzo de 2027. Es la cuarta congelación seguida y la primera que dobla el plazo —las tres anteriores fueron de tres meses cada una—, y el único motivo escrito es que la CLARITY Act «sigue pendiente en el Congreso». La moción se presentó un día después de que esa ley perdiera en el Senado la votación de cierre de debate por 49 votos contra 50, y en sus cuatro páginas no la menciona. Mientras el expediente espera, seis de los 31 tokens que Oregón llama valores no registrados —ADA, ALGO, AVAX, LINK, SOL y XRP— aparecen por su nombre, como ejemplos de commodity digital, en la publicación conjunta de la SEC y la CFTC en el Federal Register, es decir, de activo que no es un valor bajo la ley federal. Esos seis mueven 354,71 millones de dólares al día en los pares contra dólar de Coinbase, el 76,9 % de lo que mueven los 23 tokens del expediente que aún cotizan allí, en la media diaria de los 30 días terminados el 2 de octubre de 2026. Este artículo recorre las cuatro suspensiones del caso, el motivo por el que una magistrada federal escribió, en una recomendación que sigue sin resolverse, que Oregón no está obligada a usar el mismo test que el gobierno federal, y qué parte del choque resolvería la ley que el Senado acaba de frenar.

¿Qué pidieron el Estado de Oregón y Coinbase el 16 de septiembre de 2026?

La demanda la presentó el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, el 18 de abril de 2025 en el Tribunal de Circuito del condado de Multnomah. La acusación es una sola: que Coinbase «lleva años operando un negocio ilegal de valores en Oregón» al vender a residentes del estado criptoactivos que deberían haberse registrado como valores bajo la Oregon Securities Law. La demanda original, de 172 páginas, dedica un apartado propio a cada una de 31 criptomonedas; la demanda enmendada que rige el pleito (documento 18, del 2 de julio de 2025) tiene 168 páginas y lista las mismas 31. Coinbase trasladó el pleito a un tribunal federal el 2 de junio de 2025 y Oregón pidió el 2 de julio que se lo devolvieran al tribunal estatal.

La fecha de la demanda no es casual. Siete semanas antes, el 27 de febrero de 2025, la SEC había anunciado que presentaba una estipulación conjunta con Coinbase para desistir de su propia acción civil contra la compañía, y dejó escrito que la retirada respondía a su intención de reformar su enfoque regulatorio sobre el sector «y no a ninguna valoración del fondo de las pretensiones alegadas». El caso federal que iba a decidir si aquellas ventas eran ventas de valores se cerró sin decidirlo. El de Oregón, que plantea la misma pregunta bajo otra ley, quedó en pie.

Desde el 15 de diciembre de 2025 ese pleito no avanza, y no avanza porque las dos partes lo piden juntas. El documento 50 fue una estipulación conjunta de suspensión (en el expediente, stay: la congelación formal del procedimiento, que deja los plazos parados hasta una fecha). Después vinieron tres mociones conjuntas más, en marzo, en junio y en septiembre de 2026. Las cuatro las firman a la vez los abogados de Coinbase —Stoel Rives en Portland y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz en Nueva York— y los de Oregón: el Departamento de Justicia del estado, Keller Rohrback y Cohen Milstein.

Lo que cambia en la cuarta es la duración. El documento 63 dice, literalmente, que las partes «piden conjuntamente extender la suspensión durante seis meses, hasta el 16 de marzo de 2027», y da como causa que «la legislación federal propuesta conocida como Digital Asset Market Clarity Act sigue pendiente en el Congreso» y «contiene disposiciones que pueden desplazar la aplicación de ciertas leyes estatales a ciertos activos digitales». Añade la fórmula de siempre sobre la economía procesal y remata pidiendo tiempo «para que el Congreso siga considerando la legislación propuesta».

El expediente registra el 17 de septiembre de 2026 una anotación de calendario sin documento asociado. No la hemos comprado en PACER, así que en este artículo el plazo del 16 de marzo de 2027 es siempre lo que las partes piden, nunca lo que el tribunal haya resuelto. Lo que sí consta es el patrón anterior: las tres prórrogas previas se concedieron el mismo día de la petición o al día siguiente.

La fila del 16 de marzo de 2026 tiene dos entradas porque ese día se presentaron dos escritos. El primero alegaba la CLARITY Act; el segundo, enmendado ese mismo día, borró ese párrafo y dejó solo la economía procesal. Es la única de las tres prórrogas cuyo documento vigente no nombra la ley; la estipulación de diciembre de 2025 tampoco la nombraba, y alegaba conservar recursos judiciales y del Estado. Las de junio y septiembre vuelven a nombrarla: dos de las cuatro congelaciones se piden por escrito en nombre de la CLARITY Act y dos no. Hay además un desajuste de fechas entre dos documentos del mismo expediente: el documento 63 relata que la moción de junio se presentó el 16 de junio de 2026 y el listado de entradas la fecha el día 15.

¿Por qué la magistrada Russo escribió que Oregón no está obligada al test Howey?

La pieza del expediente que explica todo lo demás lleva fecha del 12 de septiembre de 2025. Es el documento 46, la recomendación de la magistrada Jolie A. Russo sobre si el caso debe quedarse en el tribunal federal o volver a Multnomah. Su conclusión es que debe volver. El razonamiento es lo que convierte este pleito en algo más que un litigio estatal.

Coinbase había argumentado que la pregunta central —si las operaciones con criptoactivos en su plataforma son «contratos de inversión» y por tanto valores— se responde con derecho federal, porque Oregón evalúa los contratos de inversión con el test que el Tribunal Supremo de Estados Unidos fijó en el caso Howey de 1946. Si la pregunta es federal, el foro debe ser federal. Es un argumento limpio y tiene una sola pega: Oregón no usa exactamente ese test.

Russo lo desarrolla con jurisprudencia estatal. En Pratt v. Kross, de 1976, el Tribunal Supremo de Oregón declaró que la definición de Howey era demasiado restrictiva para los fines protectores de la ley estatal y adoptó una versión modificada. Cinco años antes, en State v. Consumer Bus. Sys., un tribunal de apelación de Oregón había sostenido que «el test de Howey no es exclusivo» y que también debe aplicarse el test del «capital de riesgo». La frase de la recomendación que resume el efecto es esta: «un producto financiero puede ser un contrato de inversión bajo Pratt y no serlo bajo Howey».

De ahí sale la conclusión jurisdiccional —la cuestión federal no está «necesariamente planteada», primer requisito del estándar Grable, el que permite a un tribunal federal conocer de una demanda estatal cuando esta depende de resolver una cuestión de derecho federal, así que no hay competencia federal— y de ahí sale también la otra frase, la que el pleito lleva encima desde entonces: «la regulación estatal y la federal de valores pueden coexistir». Russo añade, al negar a Oregón los honorarios de abogados, que «el litigio sobre criptomonedas, especialmente en lo relativo a las leyes Blue Sky estatales, es un área emergente del derecho que pocos tribunales han tenido ocasión de abordar».

Si esa recomendación se confirma, la doble etiqueta deja de ser una contradicción que un juez federal pueda deshacer. Un token puede no ser un valor bajo el test federal y ser un contrato de inversión bajo el test de Oregón sin que ninguna de las dos lecturas esté equivocada, porque son dos leyes distintas con dos tests distintos. Un tribunal federal que aplicase Howey no resolvería la pregunta de Oregón; por eso Russo recomienda devolver el caso. Lo único que cerraría el hueco es una ley del Congreso que diga qué norma manda. Eso es exactamente lo que las dos partes escriben que están esperando.

¿Cuántos de los 31 tokens del expediente nombra el Federal Register como commodity digital?

El 23 de marzo de 2026 entró en vigor, publicada en el volumen 91 del Federal Register a partir de la página 13714, la interpretación sobre la aplicación de las leyes federales de valores a los criptoactivos. La firman dos agencias con papeles distintos, y conviene la precisión: la SEC emite la interpretación y la CFTC emite, en la misma publicación, la guía relativa a esa interpretación. Su apartado III.A define el commodity digital como el criptoactivo cuyo valor deriva del funcionamiento programático de un sistema que ya está operativo y de la oferta y la demanda, y no de la expectativa de beneficios por el esfuerzo de gestión de otros. Y pone ejemplos con nombre y ticker.

El cuerpo del texto enumera dieciséis: Aptos, Avalanche, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Dogecoin, Ether, Hedera, Litecoin, Polkadot, Shiba Inu, Solana, Stellar, Tezos y XRP. La nota al pie 51 añade otros dos —Algorand y LBRY Credits— precisando que ninguno de los dos subyace a un contrato de futuros listado en un mercado designado por la CFTC y que, aun así, son commodities digitales. Dieciocho en total. Nuestro análisis de marzo de la taxonomía de cinco categorías de la SEC y la CFTC fechaba el texto el día 17 y contaba los dieciséis del cuerpo; el 23 que usamos aquí es la fecha de publicación y de entrada en vigor en el Federal Register, y los dos de la nota son los que faltan para llegar a dieciocho. Uno de ellos, Algorand, es justamente uno de los 31 de Oregón.

Cruzando esa lista de dieciocho con el índice de la demanda enmendada de Oregón salen seis coincidencias: ADA, ALGO, AVAX, LINK, SOL y XRP. Los otros veinticinco tokens del expediente no aparecen nombrados en la interpretación. Que falten no equivale a que las agencias los consideren valores; la publicación se limita a poner ejemplos. La propia publicación advierte que puede haber criptoactivos que no encajen en ninguna de sus cinco categorías.

Hay un matiz que acota todo lo anterior. La interpretación federal no dice que vender uno de esos seis no pueda formar parte de un contrato de inversión. Dice, en su nota 47, que el hecho de que un criptoactivo que no es un valor esté sujeto a un contrato de inversión «no transforma en valor al criptoactivo en sí». La demanda de Oregón pasa por esa distinción: su única pretensión se dirige a las ventas hechas en la plataforma a residentes del estado.

¿Cuánto mueven en Coinbase los seis tokens que la SEC y la CFTC llaman commodity?

Para medir el peso de esos seis consultamos el 2 de octubre de 2026 el endpoint público de estadísticas por producto de Coinbase Exchange, uno por uno, para los 31 tokens de la demanda, y lo hicimos dos veces con media hora de separación para descartar que alguna cifra cayera dentro de un movimiento pasajero. Las dos lecturas coinciden en una décima en las dos cuotas; las cifras que damos son las de la segunda. La documentación describe el campo volume con una etiqueta literal: «la propiedad volume está en unidades de la divisa base». No dice si la ventana de 24 horas es rodante o de día natural, así que lo comprobamos: para SOL-USD, ese volume casi duplicaba el de la vela de día natural en curso y el mínimo devuelto no correspondía a ninguna vela diaria. La ventana es rodante, comprobación hecha el 30 de septiembre que sigue valiendo. El paso a dólares —volumen por último precio del par contra dólar— es cálculo nuestro, igual que la media diaria de treinta días.

Veintitrés de los 31 tokens del expediente tienen par contra dólar activo en Coinbase. Los ocho restantes —DDX, EOS, MATIC, MIR, MKR, RLY, VGX y wLUNA— devuelven en todos sus pares el estado delisted y la negociación deshabilitada. De esos ocho, dos tienen sucesor vivo: MATIC y MKR ya no cotizan porque sus proyectos migraron a POL y a SKY, que en el catálogo leído el 2 de octubre de 2026 siguen activos. Los ocho cuentan como cero en el reparto. Ese sesgo empuja la cuota de los seis hacia arriba.

Los seis tokens que la SEC y la CFTC nombran como commodity digital mueven 354,71 millones de dólares al día en los pares contra dólar de Coinbase, sobre 461,07 millones que mueven los 23 tokens del expediente de Oregón con par vivo, en la media diaria de los treinta días terminados el 2 de octubre de 2026. Son el 76,9 %. Los otros diecisiete tokens con par vivo se reparten los 106,36 millones restantes, el 23,1 %, y tres cuartas partes de esa cifra las aportan dos que la publicación federal no nombra: NEAR con 55,90 millones y UNI con 23,59.

La foto rodante de 24 horas del 2 de octubre da 351,15 millones de dólares sobre 457,35 millones — el 76,8 %, a una décima de la media de treinta días. No siempre quedan tan cerca: el 30 de septiembre esa misma ventana daba el 72,9 % y el 25 de septiembre el 77,4 %. En las tres lecturas de 24 horas que hemos tomado, la cuota de los seis se mueve entre el 72,9 % y el 77,4 %, y la media de treinta días, que amortigua el día suelto, la deja en el 76,9 %. Sumando además los pares contra USDT, euro, libra, bitcoin, ether y rupia, esos seis mueven 368,01 millones de dólares en 24 horas.

La parte del expediente de Oregón que sigue viva comercialmente es, en su mayor parte, la que el gobierno federal ya ha declarado por escrito que no es un valor bajo la ley federal. Los 30 pares de negociación de esos seis siguen activos en Coinbase.

¿Qué le haría la CLARITY Act a la demanda de Oregón si el Senado la aprobara?

La respuesta corta es que le cambiaría la norma que puede invocar, no su capacidad de demandar. El texto que el Senado manejaba el 15 de septiembre de 2026 —la enmienda sustitutiva de 635 páginas publicada por la oficina de la senadora Cynthia Lummis (republicana por Wyoming)— hace las dos cosas a la vez, y conviene verlas por separado porque circulan resumidas como si fueran una sola. Una de ellas describe el caso de Oregón con tanta precisión que merece la cita larga.

• Lo que alcanza a una demanda como la de Oregón. La sección 10102 de la enmienda añade a la Ley de Valores de 1933 una sección 4B nueva. Su apartado (b)(3)(A) establece que la oferta, la venta o la distribución de un network token (activo digital ligado a un libro mayor distribuido y tratado como no-valor a efectos de las leyes de valores, según la definición de la propia enmienda) por parte de cualquier persona «se tratará como no constitutiva de la oferta, venta o distribución de un valor» a efectos, entre otras normas, de «cualquier requisito aplicable de la ley de un estado que sea funcionalmente equivalente» a las disposiciones federales que enumera, «incluida cualquier disposición de la ley estatal que directa o indirectamente prohíba, limite o imponga condiciones sobre el uso, la oferta, la venta, la transferencia o la disposición de un network token» de un modo que «no sea sustancialmente similar» al que ese mismo estado aplica a los activos que son commodities bajo su propia ley. Ley estatal funcionalmente equivalente a la federal de valores, aplicada a ventas en mercado secundario, y que trata a esos tokens de forma distinta a como el estado trata a sus commodities: es la descripción del pleito de Oregón sin nombrarlo.
• El límite de esa regla. El propio apartado 4B(b)(3)(B) deja fuera los network tokens ofrecidos, vendidos o distribuidos en el marco de la oferta de un valor por el originador del activo o su colocador. Y la sección 20109(a) añade, por otra vía, que la CFTC tendrá «jurisdicción exclusiva» sobre cualquier persona registrada bajo esa división, «no obstante cualquier otra disposición legal».
• Lo que deja. La sección 20109(b) preserva expresamente que un estado investigue y demande a una persona registrada por fraude, engaño o manipulación conforme a la Commodity Exchange Act, y a cualquier persona no registrada por infracciones de leyes estatales de aplicación general: fraude, prácticas desleales o engañosas, protección al consumidor, banca, pagos, propiedad, contratos y derecho penal. La lista es larga y no incluye el registro de valores.
• Lo que abre. La sección 20204(b) mete a las bolsas, brókeres y dealers de commodities digitales dentro del artículo de la Commodity Exchange Act que habilita las demandas de los estados, y la sección 20104 deja a los estados seguir licenciando a esos intermediarios mientras la CFTC no adopte sus reglas.

Ese es el reparto que las dos partes del pleito de Oregón tienen delante. Para Coinbase, la ley sustituiría una acusación de vender valores no registrados en Oregón por un régimen federal de registro. Para Oregón, el cambio sería litigar bajo la Commodity Exchange Act, con otro estándar de prueba y otro catálogo de remedios, en vez de bajo la Oregon Securities Law. Que ninguna de las dos tenga prisa por saber cuál de los dos regímenes le toca explica mejor que nada que las dos hayan firmado la misma petición cuatro veces seguidas.

Conviene no subir el tono por encima del de los documentos. Ninguna de estas secciones se cita en la moción conjunta del 16 de septiembre, que se limita a decir que la ley «contiene disposiciones que pueden desplazar la aplicación de ciertas leyes estatales a ciertos activos digitales». El condicional es del escrito que firman las dos partes, y ninguna de estas páginas es derecho vigente: son el texto que no llegó a debatirse.

La votación del 15 de septiembre de 2026 no rechazó la ley: rechazó cerrar el debate. La cloture exige 60 de los 100 senadores y cayó por 49 a 50, con el detalle nominal en nuestro recuento de esa votación. Desde entonces no consta ninguna votación nominal del Senado sobre H.R. 3633: las veintidós posteriores a la del 15 de septiembre, hasta la última registrada el 30 de septiembre de 2026, fueron sobre otros asuntos. La moción de reconsideración del senador Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte) sigue sin votarse. Con el receso electoral encima, la siguiente ventana es la sesión que arranca el 9 de noviembre de 2026, y el plazo que las partes piden, marzo de 2027, la cubre.

¿Por qué Coinbase llevó el caso de Oregón a un tribunal federal y qué pinta el U.S. Marshals Service?

Coinbase alegó dos vías para sacar el caso de Multnomah. La primera es la que Russo desmonta con Pratt. La segunda es más rara y está mucho menos contada: la retirada por «funcionario federal», el mecanismo que permite a un particular llevarse al foro federal un pleito estatal cuando actuaba siguiendo instrucciones del gobierno de Estados Unidos.

El fundamento es el contrato de Coinbase con el U.S. Marshals Service, la agencia que administra el programa federal de decomiso de bienes. Según el escrito de retirada de Coinbase, recogido en la recomendación de Russo, «bajo su acuerdo con el USMS, Coinbase ha ejecutado más de medio millón de ventas de criptoactivos federales, incluidas ventas de más de la mitad de los criptoactivos señalados por el fiscal general en esta acción». La consecuencia que Coinbase extraía es directa: si Oregón gana, Coinbase quedaría inhabilitada para vender activos digitales en Oregón por cuenta del gobierno de Estados Unidos.

Russo rechaza la vía por falta de nexo causal, y el motivo es una decisión procesal de Oregón que merece registrarse. La demanda enmendada excluye, renuncia y libera expresamente cualquier reclamación relacionada con la relación contractual de Coinbase con el USMS. Además, la propia ley estatal exime esas operaciones: la norma que prohíbe vender valores no registrados en Oregón no alcanza a las ventas hechas por un marshal. Oregón se quitó de encima el argumento federal quitándose de encima las ventas federales, y la recomendación lo da por bueno citando la regla de que el demandante es dueño de su demanda.

Queda en el expediente una tercera afirmación de Coinbase que el tribunal no ha valorado: que durante años Oregón publicó guías oficiales diciendo que los activos digitales negociados en plataformas como Coinbase «no estaban regulados por el Estado de Oregón». No la damos por probada ni por falsa; consta como defensa alegada por Coinbase bajo la cláusula federal de debido proceso, y su valoración depende del fondo del pleito, que es justo lo que lleva congelado desde diciembre de 2025.

¿Qué no consta en el expediente de Oregon v. Coinbase a 2 de octubre de 2026?

El expediente de este caso no está completo en abierto, y eso acota lo que se puede afirmar sobre él. El archivo público RECAP no consulta por su cuenta el sistema de pago de los tribunales federales: refleja lo que alguien ha comprado y subido. Su última consulta para este expediente es del 17 de septiembre de 2026, que es también la fecha del último apunte que muestra: los quince días que van de ese 17 de septiembre al 2 de octubre de 2026 no están cubiertos por esta lectura. Comprobamos además, el 2 de octubre, dos cosas que sí se pueden verificar sin cuenta de pago: el buscador público del archivo devuelve como última entrada de este expediente la anotación de calendario del 17 de septiembre, y su almacén responde «no existe» cuando se le pide el documento 64.

Con esa limitación declarada, lo que no consta es lo siguiente:

• No consta una resolución con texto sobre la petición del 16 de septiembre. Hay una anotación de calendario del día siguiente, sin documento descargable. Ninguna de las fechas ni de las cifras de más arriba depende de su contenido.
• No consta ninguna petición de levantar la suspensión por parte de Oregón ni de Coinbase.
• No consta que la jueza Karin J. Immergut, titular del caso en el tribunal de distrito, haya resuelto las objeciones a la recomendación de devolución. El 2 de enero de 2026 las declaró sin objeto mientras dure la suspensión, devolvió el asunto a la magistrada Russo para gestión del caso y dio a las partes siete días desde que expire la suspensión para renovarlas.
• No consta respuesta a la petición de desestimación de Coinbase, presentada el 1 de agosto de 2025: el plazo para contestarla arranca catorce días después de que se resuelva de forma definitiva la devolución al tribunal estatal, que sigue sin resolverse.

Cualquiera de las tres primeras cambiaría el cuadro, y la tercera lo cambiaría del todo: si Immergut resuelve las objeciones y devuelve el caso a Multnomah, el pleito deja de depender del calendario del Senado y pasa a depender de un juez estatal de Oregón aplicando Pratt. Las cuatro se comprueban en el mismo expediente, sin coste, salvo por la brecha de actualización ya explicada.

¿Qué pide exactamente la demanda de Oregón y qué fechas quedan por delante?

La demanda enmendada tiene una sola pretensión, por infracción de la Oregon Securities Law, y pide cinco cosas concretas contra Coinbase: una orden que le prohíba permanentemente vender o intermediar la venta de esos criptoactivos a residentes de Oregón; restitución o indemnización en favor de los residentes perjudicados; la entrega de las ganancias obtenidas con esas ventas; una multa de 20.000 dólares por cada infracción; y los honorarios de abogados del estado. La demanda invoca ORS 59.055 y ORS 59.115, y explica por qué litiga el fiscal general y no los compradores: dice que Coinbase lleva años incluyendo cláusulas de arbitraje y de renuncia a la acción colectiva en las condiciones de su plataforma, lo que haría impracticable la reclamación individual.

No hay resolución sobre ninguna de esas cinco peticiones. Tampoco sobre la petición de desestimación de Coinbase, ni sobre la devolución al tribunal estatal. Este artículo no dice qué efecto tendría cualquiera de ellas sobre quien compró esos tokens: eso depende de un fondo que ningún juez ha entrado a valorar, y el único pronunciamiento existente es la recomendación de devolución, que sigue sin resolverse.

Lo que sí está fechado es el calendario. El 16 de marzo de 2027 vence el plazo que las partes piden; si ese día presentan una quinta petición conjunta, el motivo escrito dirá si el pleito sigue atado al Congreso. Antes hay dos hitos legislativos: la sesión que arranca el 9 de noviembre de 2026 y su final, a principios de enero de 2027. Y hay dos documentos que cualquiera puede leer hoy sin intermediarios: el apartado III.A y la nota 51 de la publicación del 23 de marzo de 2026, que nombran a esos seis tokens entre los dieciocho ejemplos de commodity digital, y el índice de la demanda enmendada, que los nombra entre los 31 cuya venta Oregón considera venta de valores no registrados. Siguen vigentes los dos a la vez, y ninguno anula al otro.

Esa convivencia es lo que el caso deja para más allá de Oregón. Que un regulador federal declare que un token no es un valor deja la pregunta abierta en un país con cincuenta leyes estatales de valores: Oregón tiene su propio test desde 1976 y Nueva York, California y Texas tienen los suyos. La única vía escrita para unificarlos, la sección 4B de la enmienda de septiembre, sigue sin votarse dos semanas y media después de que cayera la cloture; la siguiente ocasión se abre el 9 de noviembre de 2026.

Fuentes y enlaces: Expediente 3:25-cv-00952 (D. Or.) en CourtListener/RECAP · Doc. 63, moción conjunta del 16-sep-2026 · Doc. 46, recomendación de la magistrada Russo · Doc. 1-1, demanda de Oregón con los 31 tokens · 91 FR 13714, interpretación de la SEC y guía de la CFTC · Nota del Departamento de Justicia de Oregón · SEC, desistimiento de su caso contra Coinbase · API pública de Coinbase Exchange