¿Es Kalshi legal? Swap en Nueva Jersey, apuesta en Nevada

El mismo contrato es un producto financiero federal o una apuesta sujeta a ley estatal según a qué lado de una línea invisible se encuentre quien lo compra. El 6 de abril de 2026, el Tercer Circuito federal escribió que los contratos deportivos de KalshiEX «son swaps conforme a la Ley». Ciento cuarenta y cuatro días después, el 28 de agosto, el Noveno Circuito escribió que esos mismos contratos «probablemente no son swaps». Los dos tribunales estaban aplicando la misma subsección —7 U.S.C. § 1a(47)(A)(ii), la definición de swap (permuta financiera) que la Ley de Bolsas de Materias Primas usa para repartir competencias entre la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas, el regulador federal de derivados) y los cincuenta estados— y salieron por puertas opuestas. El efecto es geográfico y es inmediato: en Nueva Jersey la plataforma opera protegida por una medida cautelar confirmada, en Nevada el regulador de juego ya puede volver a aplicar su ley y en Nueva York el producto sigue vivo por una orden de emergencia de la CFTC que no ampara nada fuera de ese estado. El 2 de septiembre, un día antes de que venciera su plazo, Nueva Jersey presentó una petición de certiorari —la solicitud de que el Tribunal Supremo acepte revisar un caso— para que sea él quien decida quién regula estos contratos: 332 páginas que cifran el desorden en 39 pleitos repartidos por 20 estados y en un reparto de 18 a 4 entre las resoluciones de instancia. Este artículo lee las dos opiniones a la vez, reconstruye qué rige hoy en cada tribunal que ya se ha pronunciado y marca las fechas que pueden mover el mapa antes de que acabe 2026.

¿Qué cambió el fallo del Noveno Circuito del 28 de agosto para Kalshi?

El Noveno Circuito resolvió el caso KalshiEX, LLC v. Assad, número 25-7516, visto en San Francisco el 16 de abril de 2026 y publicado el 28 de agosto. La resolución confirma en parte la decisión del juzgado federal de Nevada que había disuelto la medida cautelar de Kalshi: el Consejo de Control del Juego de Nevada recupera la capacidad de aplicar su normativa estatal a los contratos sobre eventos deportivos. El propio Consejo publicó ese mismo día una nota en la que sitúa el alcance del fallo sobre tres mercados de predicción —Kalshi, Crypto.com y Robinhood— y recuerda que considera esa actividad sujeta a licencia según los artículos 463.0193 y 463.01962 de la ley de Nevada.

Dos argumentos operativos de Kalshi cayeron por el camino, y son los que más afectan a quien tiene dinero dentro. El primero: la plataforma alegaba que bloquear a los residentes de Nevada le haría incumplir el principio de «acceso imparcial» que la CFTC exige a los mercados designados (17 C.F.R. § 38.151(b)). El tribunal responde que otras entidades reguladas en Nevada ya usan geolocalización y que Kalshi «podría hacer lo mismo; simplemente se niega». El segundo: Kalshi sostenía que los costes de geolocalizar y de cerrar posiciones en Nevada constituían un daño irreparable. El tribunal lo descarta —«es improbable que los costes de geolocalización sean demasiado caros para una empresa del tamaño de Kalshi»— y añade que el resto de perjuicios son especulativos o autoinfligidos.

El razonamiento arranca en el material comercial. La opinión abre citando la publicidad de la propia plataforma, que se anunciaba como «la primera aplicación para apuestas deportivas legales en los cincuenta estados». Un portavoz de Kalshi declaró a la prensa especializada que la compañía «buscará una revisión ulterior» y que sigue creyendo que las normas de la CFTC, tal y como están escritas, no prohíben los contratos deportivos.

¿Por qué el Tercer y el Noveno Circuito leen la misma definición de swap al revés?

La frase en disputa cabe en dos líneas. La § 1a(47)(A)(ii) define swap como todo acuerdo cuyo pago «depende de la ocurrencia, no ocurrencia o el alcance de la ocurrencia de un evento o contingencia asociado con una potencial consecuencia financiera, económica o comercial». Las dos sentencias pelean por dos expresiones: qué es un «evento» y qué significa «asociado con».

El Tercer Circuito resolvió por lectura literal y en una página. Constata que la definición legal es amplia, recoge que la propia disidencia admite que «una lectura simple del texto de la Ley sugiere que los contratos deportivos de Kalshi encajan cómodamente en la definición legal», anota que el resultado de un partido «ciertamente puede estar asociado con una potencial consecuencia financiera, económica o comercial» —patrocinadores, anunciantes, cadenas de televisión, franquicias, comunidades locales— y cierra: «el análisis no necesita ir más allá».

El Noveno hace exactamente el recorrido contrario. Acepta que, si uno se queda con los diccionarios que cita Kalshi y lee la palabra en aislamiento, la interpretación amplia es defendible —y señala que ese es el atractivo superficial que «adoptó la mayoría del Tercer Circuito»—. Pero como la propia definición legal usa «evento» y «ocurrencia» en la misma frase, dar a ambas el mismo significado dejaría una de las dos vacía. De ahí el giro: si la ley pregunta por la ocurrencia de un evento, el evento es que se juegue la Super Bowl, no quién la gana. Definir «evento» como «resultado», apunta el tribunal citando los diccionarios, es un uso arcaico.

Sobre «asociado con», el Noveno adopta la lectura del juzgado de instancia: la consecuencia económica tiene que ser inherente al contrato, no cualquier efecto financiero remoto aguas abajo. Con el criterio contrario, escribe, la definición de swap «sería tan amplia que resultaría carente de significado». Y le devuelve al Tercer Circuito su propio ejemplo: la mayoría de Nueva Jersey había descartado que bajo su lectura acabaran bajo jurisdicción federal «los juegos de bingo y los partidos de ping-pong»; el Noveno replica que Kalshi ya ofrece contratos sobre partidos de tenis de mesa de la TT Elite Series, así que el escenario «no es descabellado», y el recurso 26-2978 de Arizona pende ante ese mismo circuito con la doctrina ya fijada.

El Tercer Circuito menciona el § 40.11 seis veces en sus 41 páginas; el Noveno, 26 veces en sus 50. El recuento es cálculo propio sobre los PDF publicados por ambos tribunales e ilustra dónde está el desacuerdo real. El Tercer Circuito trata el reglamento como un botón que la CFTC no ha pulsado; el Noveno lo trata como la norma que decide el caso. En su apartado más duro, el Noveno escribe que «nuestro tribunal hermano esencialmente ignoró» la prohibición del § 40.11 sobre listar transacciones relacionadas con el juego. Y añade el dato que cierra el círculo: la CFTC nunca llegó a activar la revisión de noventa días del § 40.11(c) sobre esos contratos, según su propia carta 25-36 de 30 de septiembre de 2025, de modo que la prohibición del apartado (a) siguió aplicándose sin excepción formal.

Ese reglamento sostiene además uno de los tres votos del fallo. El juez Lee, que concurre por separado, ata su acuerdo a una condición que escribe con todas las letras: «17 C.F.R. § 40.11 prohíbe hoy los contratos de juego», y por eso considera innecesario resolver si «quizá algunos eventos deportivos singulares puedan formar parte de una operación de swap si cumplen los requisitos legales». La reserva tiene fecha: el § 40.11 está sometido a una propuesta de reforma publicada el 12 de junio de 2026.

¿Qué rige para Kalshi en cada estado a septiembre de 2026?

Los circuitos federales no son abstracciones jurídicas: son mapas. El Tercer Circuito cubre Delaware, Nueva Jersey, Pensilvania y las Islas Vírgenes. El Noveno cubre Alaska, Arizona, California, Guam, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, las Marianas del Norte, Oregón y Washington. El Segundo cubre Connecticut, Nueva York y Vermont. El Sexto, Kentucky, Míchigan, Ohio y Tennessee. El Cuarto incluye Maryland. Cada uno de esos bloques tiene hoy una respuesta distinta a la misma pregunta.

La tabla siguiente reconstruye el estado de los procedimientos tal como constan en las propias resoluciones. La fuente principal es la nota al pie 2 de la opinión del Noveno Circuito, que enumera con cita completa los casos paralelos y su resultado.

Arizona merece una lectura aparte. El juzgado federal del estado concedió a Kalshi una medida cautelar el 5 de mayo de 2026 y la contraparte recurrió seis días después ante el Noveno Circuito, con número 26-2978. Ese recurso está pendiente ante el mismo tribunal que acaba de decidir Assad, y con la misma doctrina aplicable. Queda como inferencia nuestra, marcada como tal: la protección de la que hoy gozan los contratos deportivos en Arizona tiene pocas probabilidades de sobrevivir a su propia apelación.

Al mapa judicial hay que superponerle un segundo mapa: el de los pleitos que ha iniciado la propia CFTC. En su comunicado de 11 de agosto, la Comisión detalla que ha demandado a nueve estados —Arizona, Connecticut, Illinois, Kentucky, Minnesota, Nuevo México, Nueva York, Rhode Island y Wisconsin— y que ha presentado escritos de amicus curiae ante el Sexto y el Noveno Circuito y ante el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts. Esa cifra es del regulador, no de un recuento de prensa: nueve estados, repartidos entre cinco circuitos distintos.

¿Protege la orden de emergencia de la CFTC fuera de Nueva York?

El 31 de julio de 2026, a las 00:01, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó demanda contra KalshiEX ante el tribunal estatal del condado de Nueva York. Pedía una orden de restricción temporal que impidiera a la plataforma ofrecer contratos «relativos a deportes, cultura, elecciones y otros eventos» «dentro o desde Nueva York o a personas en Nueva York», más la devolución de todos los beneficios obtenidos con contratos de eventos, una sanción del triple de esos beneficios y, en concepto de daños compensatorios, 36.000 millones de dólares «como mínimo, a la espera de contabilización». La misma orden de la CFTC recoge que la valoración pública reconocida de Kalshi es de 22.000 millones: la reclamación equivale a 1,6 veces el valor declarado de la compañía.

Al día siguiente, Kalshi notificó a la CFTC una emergencia de mercado. El 11 de agosto la Comisión invocó la sección 8a(9) de la Ley de Bolsas de Materias Primas —el precepto que le permite ordenar a una entidad registrada «adoptar las medidas que a juicio de la Comisión sean necesarias para mantener o restablecer un mercado ordenado»— y ordenó a la plataforma seguir operando conforme a los Principios Fundamentales de la Ley. El presidente de la CFTC, Michael S. Selig, lo explicó sin rodeos: «El Congreso no pretendió que las bolsas de derivados se regularan bajo un mosaico de leyes estatales de juego».

Ahora la parte que cambia la lectura del mapa. La orden responde a una acción concreta de un estado concreto y se apoya en la premisa de que los contratos de eventos son swaps sujetos a jurisdicción exclusiva federal, que es justo lo que el Noveno Circuito acaba de negar en su territorio. La propia orden recuerda además que su revisión judicial corresponde «únicamente al tribunal de apelaciones del circuito donde reside la parte o tiene su domicilio social principal, o al Circuito del Distrito de Columbia»: Nueva York está en el Segundo Circuito. Una orden de emergencia dictada para neutralizar una demanda de Nueva York no crea protección en Nevada ni obliga al juzgado de Arizona.

Que esto no es teórico lo prueba el episodio de Míchigan. Un tribunal estatal ordenó que ciertas operaciones ya ejecutadas de residentes en ese estado fueran anuladas, canceladas y reembolsadas. Kalshi presentó una modificación de reglas de emergencia para cumplir; el 14 de julio de 2026 la CFTC suspendió esa modificación y, en el mismo acto, ordenó a la plataforma ejecutar las operaciones abiertas conforme a sus prácticas normales. Selig lo describió como «un paso sin precedentes que arriesga un efecto en cascada sobre todo el mercado». El detalle relevante para cualquiera con dinero dentro es que la suerte de una posición ya ejecutada dependió de qué orden pesaba más, y que ese choque se resolvió por la vía de la emergencia y no por sentencia.

Míchigan volvió a moverse siete semanas después, y en dirección contraria a la CFTC. El 1 de septiembre de 2026 la jueza Rosemarie E. Aquilina, del tribunal de circuito del condado de Ingham, firmó una medida cautelar que obliga a Kalshi a mantener bloqueado el acceso de residentes del estado a sus contratos deportivos y a hacerlo con un proveedor de geolocalización con licencia del Consejo de Control del Juego de Míchigan. La fiscal general Dana Nessel la anunció el 2 de septiembre. La orden convierte en cautelar la restricción temporal de junio y sube el incumplimiento a 500.000 dólares por cada día en que el tribunal aprecie que la plataforma no ha cumplido. Se dicta dentro de la demanda que Nessel presentó en marzo de 2026 al amparo de la Ley de Apuestas Deportivas Lícitas del estado, y llega después de que Kalshi intentara llevar el asunto a la jurisdicción federal: el juzgado federal del Distrito Oeste de Míchigan rechazó la remoción y devolvió el caso al tribunal estatal. El detalle importa porque explica cómo se pierden estos pleitos antes de discutir el fondo: si el caso se queda en el tribunal estatal, la doctrina del Tercer Circuito no llega a aplicarse.

¿Qué pasa con los contratos electorales de Kalshi que el Noveno Circuito devolvió?

El fallo del Noveno del 28 de agosto no cerró el caso. Confirmó en parte y devolvió en parte. Textualmente, la última línea del fallo es «confirmado en parte y devuelto en parte», y el mandato al juzgado de distrito es que examine «las impugnaciones de Nevada a los contratos electorales de Kalshi conforme a esta opinión».

La distinción importa porque el razonamiento del tribunal está construido sobre una característica específica de los contratos deportivos: que el pago depende del resultado de un partido y que ese resultado no tiene una consecuencia económica inherente. Los contratos electorales no encajan automáticamente en ese molde —el resultado de una elección sí arrastra consecuencias económicas de manera bastante menos discutible— y el propio tribunal declinó pronunciarse.

Traducido a consecuencias: el fallo del 28 de agosto reduce el perímetro de la victoria de Nevada al deporte y deja abierta la pregunta sobre la parte del catálogo que la propia CFTC utiliza como ejemplo de utilidad económica. En su orden de emergencia, la Comisión enumeró los contratos que a su juicio sirven para gestionar riesgo real: decisiones de tipos del Comité Federal de Mercado Abierto, normalización del tráfico en el estrecho de Ormuz, precio de un criptoactivo, sequías estatales, entrada en recesión. Ninguno de esos es deportivo, y esa mitad del catálogo vuelve al juzgado de distrito de Nevada sin criterio de apelación que la cubra.

¿Qué le ha pedido Nueva Jersey al Tribunal Supremo sobre Kalshi?

El 2 de septiembre de 2026, con un día de margen sobre el plazo que el juez del Supremo Samuel Alito le había prorrogado hasta el 3, Nueva Jersey presentó su petición de certiorari. Son 332 páginas firmadas por la fiscal general Jennifer Davenport y por Mary Jo Flaherty, directora interina de la División de Control del Juego, con el procurador general del estado, Jeremy Feigenbaum, como letrado de referencia. La pregunta que someten cabe en una frase: «si la Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección del consumidor de 2010 desplazó a los estados de regular las apuestas deportivas que se producen dentro de su jurisdicción cuando esas apuestas se ofrecen en mercados registrados ante la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas». El asunto se ha presentado bajo la carátula Flaherty v. KalshiEX; el ejemplar registra todavía «No. 26-___» en la portada, porque el número de expediente propio se asigna al registrarlo y a 3 de septiembre no constaba.

La petición no viene a discutir el mérito de una sentencia: viene a documentar un desorden. Su primer apartado se titula, literalmente, «la cuestión planteada ha generado una división directa y reconocida», y respalda ese calificativo con un recuento que hasta ahora estaba repartido por dos docenas de expedientes. La nota al pie 1 enumera 39 pleitos repartidos por 20 estados, con nombre y número, entre demandas de las plataformas, demandas de los estados y demandas de la propia CFTC. El segundo dato es todavía más elocuente: en más de veinte resoluciones dictadas por juzgados federales de primera instancia y tribunales estatales, el reparto es de 18 a 4 en contra de la tesis de Kalshi. Las dos listas van en las notas 2 y 3, con cita completa, y se pueden contar una a una: dieciocho resoluciones del lado de los estados, y del lado de las plataformas y del regulador federal las tres que la nota 2 identifica —Minnesota en julio, Arizona en mayo y Tennessee en febrero—, a las que el recuento de la petición suma una cuarta resolución que la nota no identifica; previsiblemente la propia resolución de instancia de Nueva Jersey que originó este recurso, aunque el escrito no lo dice y la atribución es inferencia nuestra. En primera instancia, por tanto, la lectura del Tercer Circuito va perdiendo por 18 a 4.

Las dos cifras de la mitad de la tabla explican por qué el pleito no es un debate académico sobre el significado de una palabra. El Noveno Circuito recoge en su opinión que más del 90 % de las operaciones de Kalshi en 2025 y el 95 % de sus ingresos fueron deportivos, y añade sin adorno que «esta estrategia de negocio no afecta a nuestro deber de decir qué es el Derecho». Lo que llega al Supremo alcanza, por tanto, a 95 de cada 100 dólares que la plataforma ingresó en 2025. Enfrente, la petición sitúa los 16.890 millones de dólares que las apuestas deportivas generaron en 2025 para los estados —cifra de la AGA, sin incluir los casinos tribales— como la industria cuya competencia está en juego.

El escrito también recoge un argumento que hasta ahora circulaba en los votos particulares y que aquí queda formulado como consecuencia práctica. Si los contratos deportivos son swaps, y la ley prohíbe con carácter general contratar un swap fuera de un mercado designado (7 U.S.C. § 2(e)), entonces —cita textual del Noveno Circuito que la petición hace suya— «toda persona que hace una apuesta deportiva en el Caesar's Sportsbook está infringiendo» la Ley de Bolsas de Materias Primas. Es la reducción al absurdo que convierte una victoria de Kalshi en un problema para los casinos con licencia, y es la razón por la que 44 estados, además de tribus, casinos y cargos públicos, ya se han pronunciado en el conflicto —por vía de pleito, de escrito de amicus curiae o de comentario en la consulta reglamentaria de la CFTC— sobre un asunto que nominalmente va de derivados.

Kalshi respondió el mismo día por medio de una portavoz, Dani Lever, con una frase que resume su posición desde el principio: «Kalshi es un mercado financiero abierto y de ámbito nacional. No puede ser regulado por cincuenta reguladores distintos». Lo que viene ahora es procedimiento: el Supremo no ha decidido si acepta el caso, la parte contraria dispone de plazo para oponerse y la conferencia de los jueces es el filtro previo. Nada de eso suspende ninguna de las órdenes vigentes en los estados mientras tanto.

¿Qué queda por decidirse sobre Kalshi antes de fin de 2026?

La cronología completa explica por qué el conflicto llegó hasta aquí y qué palancas siguen activas.

Presentada la petición, las palancas que quedan son tres y ninguna depende ya del calendario de Nueva Jersey. La primera es procesal: Kalshi ha anunciado que buscará revisión ulterior del fallo del Noveno, lo que admite dos caminos —revisión en pleno del propio circuito o recurso al Supremo—. La segunda es regulatoria: el proyecto publicado el 12 de junio en el Registro Federal reformaría el § 40.11 e introduciría un Apéndice F con criterios sobre qué significa que un contrato «implique» una actividad enumerada y qué significa «juego». El plazo de comentarios cerró el 27 de julio y no hay norma final. Si llega y define esos términos, la reserva del juez Lee deja de ser hipotética. La tercera es judicial y está repartida: el recurso de Maryland en el Cuarto Circuito, los de Ohio y Tennessee en el Sexto —donde la CFTC ya ha presentado escrito— y el asunto pendiente ante el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts.

¿Qué se puede evaluar tras el fallo del Noveno y la petición al Supremo?

Hasta el 28 de agosto, cualquiera que operara contratos sobre eventos podía apoyarse en una lectura razonable: existía una sentencia de apelación favorable, un regulador federal que defendía la jurisdicción exclusiva y una serie de resoluciones de instancia dispersas. Ahora hay dos sentencias de apelación con signo contrario sobre el mismo texto legal, y eso convierte la pregunta «¿es legal esto?» en una pregunta con código postal.

Cinco cosas se pueden comprobar ahora por cuenta propia.

1. En qué circuito cae la jurisdicción aplicable a cada caso, porque la respuesta cambia el régimen y las cuatro tablas de arriba dan el punto de partida.
2. Que la protección federal desplegada por la CFTC ha venido en forma de órdenes de emergencia dirigidas a episodios concretos —Míchigan en julio, Nueva York en agosto—, con un ámbito de revisión limitado al circuito del domicilio de la parte.
3. Que la línea entre los contratos deportivos y el resto del catálogo la acaba de trazar un tribunal que declinó pronunciarse sobre la mitad electoral, y que ese trozo vuelve al juzgado de Nevada.
4. Que el argumento sobre el que se apoyaron los tres jueces del Noveno —el reglamento § 40.11 tal como está escrito hoy— tiene una propuesta de reforma con el plazo de comentarios cerrado desde el 27 de julio.
5. Cómo se reparten las resoluciones de instancia: 18 contra la tesis de Kalshi y 4 a favor, con la lista de casos adjunta a la petición para contrastarlos uno a uno.

La petición de 2 de septiembre abre una vía y no fija fecha, porque el Supremo decide primero si acepta el caso. Hasta que lo haga —o hasta que la CFTC publique una norma final que ambos circuitos acepten como determinante—, el mapa lo siguen dibujando órdenes estatales como la de Míchigan del 1 de septiembre y órdenes federales de emergencia como la de Nueva York del 11 de agosto, cada una válida donde alcanza. El mismo contrato seguirá teniendo dos naturalezas jurídicas y una sola pantalla de compra.

Fuentes y enlaces: Noveno Circuito, KalshiEX v. Assad, nº 25-7516 (PDF) · Tercer Circuito, KalshiEX v. Flaherty, nº 25-1922 (PDF) · Tribunal Supremo, expediente 25A1465 · Flaherty v. KalshiEX, petición de certiorari de 2-sep-2026 (PDF, 332 pp.) · Fiscalía General de Nueva Jersey, nota de 2-sep-2026 · The Block, la cautelar de Míchigan (3-sep-2026) · Michigan Advance, Nessel obtiene la cautelar contra Kalshi · CFTC, comunicado 9281-26 (11-ago-2026) · CFTC, orden de emergencia de mercado (PDF) · CFTC, comunicado 9267-26 (14-jul-2026) · Registro Federal, 91 FR 35806 · Consejo de Control del Juego de Nevada, nota de 28-ago-2026 (PDF)