GENIUS Act: 15 días y cero reglas finales de stablecoins

Quedan 15 días para el 18 de julio de 2026, la fecha en que las siete agencias federales encargadas de implementar el GENIUS Act deberían tener publicados sus reglamentos definitivos — y a día de hoy ninguno de ellos es final. Todo lo que hay sobre la mesa son propuestas (los NPRM, los avisos previos de reglamentación que se abren a comentario público antes de convertirse en norma). El GENIUS Act se firmó el 18 de julio de 2025 y fijó las reglas generales de quién puede emitir una stablecoin de pago (una moneda digital anclada 1:1 al dólar y respaldada por reservas) en Estados Unidos. Pero las reglas operativas —qué reservas se aceptan, cada cuánto se audita, qué licencia hace falta— las escriben ahora la OCC, la FDIC, la NCUA, la FinCEN, el Tesoro, la OFAC y la Reserva Federal, cada una en su parcela. Este artículo no repasa el marco general: rastrea qué reglamento está en qué fase a poco más de dos semanas del plazo, por qué Coinbase puede pagar un 4,1 % por tus USDC mientras Circle no puede hacerlo directamente, por qué Tether se queda fuera del marco de auditoría federal, y qué tienen que adaptar los protocolos DeFi antes de que la norma entre en vigor.

¿Qué se cumple exactamente el 18 de julio de 2026?

El GENIUS Act contiene un mandato temporal: las agencias deben emitir los reglamentos de implementación «no más tarde de un año desde la promulgación». La ley se firmó el 18 de julio de 2025, así que el plazo vence el 18 de julio de 2026. De ahí la cuenta atrás.

El matiz que casi nadie subraya es que ese plazo no lleva sanción asociada. Si una agencia llega tarde, no hay penalización formal: el plazo funciona como compromiso político, no como un interruptor automático. El propio rastreador de Paradigm sobre la implementación del GENIUS Act recoge fechas indicativas, no vinculantes, para cada agencia. Eso importa porque, a 15 días, ninguna de las siete agencias ha publicado su norma final. Lo que hay son propuestas abiertas a comentario, y el ciclo de comentario-y-respuesta no se cierra de un día para otro.

La consecuencia práctica: la fecha que de verdad cambia las cosas para emisores y protocolos no es julio, sino el momento en que cada norma final entre en vigor. La mayoría de las propuestas prevén un periodo de transición —típicamente 120 días— desde la publicación de la regla definitiva. Si las finales salieran justo en el plazo, la efectividad real caería hacia noviembre de 2026. Si se retrasan, más tarde aún.

¿En qué fase está cada uno de los siete reglamentos?

Repartir la implementación entre siete agencias significa siete calendarios distintos. La OCC supervisa a los emisores no bancarios y a las filiales de bancos nacionales; la FDIC, a los emisores ligados a bancos asegurados; la NCUA, a las cooperativas de crédito; la Reserva Federal, a los bancos estatales miembros; la FinCEN y la OFAC fijan las reglas antiblanqueo y de sanciones; el Tesoro coordina y decide las equivalencias para emisores extranjeros. Este es el estado a 3 de julio de 2026:

El patrón es claro: todo sigue en fase de propuesta, y ya no queda calendario que quemar. La OCC fue la primera —publicó su NPRM el 25 de febrero, se recogió en el Federal Register el 2 de marzo y cerró comentarios el 1 de mayo—. La FDIC cerró los suyos el 9 de junio. La FinCEN y la OFAC publicaron su propuesta conjunta antiblanqueo y de sanciones el 10 de abril; el Tesoro sacó la suya sobre equivalencia de regímenes estatales el 3 de abril. El caso que resume el desorden es la NCUA: su segundo NPRM admite comentarios hasta el 17 de julio, un día antes del plazo legal para la norma final. Leer los comentarios, responderlos y publicar una regla definitiva en 24 horas no es un calendario apretado: es una imposibilidad administrativa. Y la ausencia más elocuente es la Reserva Federal: reguladora primaria de los bancos estatales miembros que emitan stablecoins, a 3 de julio no ha publicado su propuesta prudencial propia. Su única firma está en el NPRM conjunto sobre identificación de clientes (CIP) del 22 de junio — una propuesta nueva cuyo plazo de comentarios cierra hacia el 22 de agosto, más de un mes después del plazo legal para las reglas finales. Seis de las siete agencias han publicado propuestas; ninguna ha cerrado el círculo, y el calendario ya no da para cerrarlo a tiempo ni en teoría.

¿Qué pasa si el 18 de julio llega sin ninguna regla final?

Nada dramático el día 19 — y eso es exactamente el problema. El GENIUS Act está en vigor desde su firma: sus prohibiciones de fondo, como el veto al rendimiento pagado por el emisor, ya operan. Lo que no existe sin reglas finales es la maquinaria: un emisor no puede presentar una solicitud de licencia completa contra requisitos que aún son borradores, ni un banco puede dimensionar capital y reservas contra cifras que pueden cambiar en la versión definitiva. No hay vacío legal; hay una ley sin ventanilla. Quien mejor vive en ese limbo es quien ya se posicionó antes de que existiera una sola regla — cómo las empresas construyeron su posición durante la cuenta atrás es precisamente la historia de esa carrera.

El precedente dice que los plazos de rulemaking se incumplen con normalidad. Con la ley Dodd-Frank de 2010 —el mayor ejercicio de reglamentación financiera reciente, con cerca de 400 mandatos repartidos entre agencias—, el 60 % de los plazos estatutarios ya vencidos seguían sin regla final a finales de 2013, tres años después de la firma, según el recuento de Davis Polk; en algunos casos el retraso duró años, sin que ninguna agencia sufriera consecuencia formal alguna. El plazo del GENIUS Act tiene la misma naturaleza: compromiso político sin interruptor automático. Y el contraejemplo también existe: cuando un regulador quiere correr, corre — la CFTC fue capaz de aprobar futuros perpetuos en cuestión de días cuando el incentivo institucional empujaba en esa dirección. Cuando la CFTC quiso, aprobó futuros perpetuos en cuestión de días; la lentitud con el GENIUS Act es una elección con prioridades, no una imposibilidad técnica.

Para el usuario y para los protocolos, la consecuencia operativa es que la fecha que importa se desplaza otra vez: no es el 18 de julio, sino la publicación de cada norma final más su transición de ~120 días. Cada semana de retraso en julio es un mes de 2027 ganado para los emisores que aún no cumplen.

¿Qué exige el GENIUS Act que muchos emisores aún no cumplen?

El núcleo del GENIUS Act son tres requisitos que separan a quien podrá llamarse «emisor de stablecoin de pago permitido» de quien no. Primero, reservas líquidas 1:1: cada dólar en circulación respaldado por efectivo, depósitos o letras del Tesoro a corto plazo, sin papel arriesgado. Segundo, transparencia auditable: divulgación mensual de la composición de reservas, con verificación de una firma contable registrada. Tercero, una licencia: federal —vía OCC— o estatal bajo un régimen certificado como equivalente.

La pregunta interesante no es qué dice la ley, sino quién llega ya en regla y quién tiene que reestructurar su negocio. Los tres grandes emisores con exposición al mercado estadounidense están en puntos muy distintos:

Circle y PayPal ya operan cerca de la foto que pide la ley: reservas conservadoras, divulgación periódica y un ancla regulatoria en EE.UU. (PayPal emite PYUSD bajo supervisión del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York). El caso que rompe el esquema es el mayor de todos: Tether.

¿De verdad Tether queda fuera del marco federal?

Sí, y conviene entender por qué, porque es el dato más incómodo de toda la implementación. El GENIUS Act regula a los emisores domiciliados en Estados Unidos. Tether emite USDT desde El Salvador, fuera de esa jurisdicción, lo que lo sitúa fuera del régimen de auditoría obligatoria que la ley impone a sus competidores domésticos. El resultado es paradójico: la stablecoin con más circulación del planeta —algo menos del 60 % (cerca del 58 %, una cuota que lleva meses cediendo) de un mercado que ronda los 320.000 millones de dólares (320 mil millones)— puede seguir vendiéndose y usándose entre estadounidenses sin estar obligada a abrir sus reservas al mismo nivel de escrutinio que USDC o PYUSD.

Tether no se ha quedado quieto. En enero de 2026 lanzó USAT, una stablecoin pensada para el mercado estadounidense y emitida a través de Anchorage Digital Bank bajo supervisión de la OCC; y ha contratado a KPMG para su primera auditoría completa de las reservas de USDT, con la vista puesta en una posible equivalencia. Pero el USDT histórico, el que mueve la liquidez global, sigue dependiendo de que el Tesoro le conceda una determinación de equivalencia para operar legalmente con empresas de EE.UU. Mientras tanto, en el Senado el senador Jack Reed ha introducido la Foreign Stablecoin Transparency Act (S.3907) precisamente para cerrar ese hueco y exigir auditorías a los emisores extranjeros. Es un frente abierto, no un asunto cerrado.

¿Por qué Coinbase puede pagar un 4,1 % y Circle no?

El mecanismo que más confunde es también el que más dinero mueve, y es más simple de lo que parece. El GENIUS Act prohíbe a los emisores pagar rendimiento (intereses) por mantener su stablecoin. Circle, como emisor de USDC, no puede ofrecerte directamente un porcentaje por tener USDC parado. Pero la prohibición recae sobre el emisor, no sobre un tercero. Coinbase no emite USDC —lo hace Circle— y se queda con una parte de los ingresos que generan las reservas de USDC. Con ese margen, Coinbase puede pagar a sus usuarios: su programa de recompensas en USDC ofrece en torno a un 4,1 % de APY (rendimiento anualizado), y hasta un 4,5 % para suscriptores de Coinbase One. Mismo activo, distinto pagador. Esa es la grieta. El porqué estructural —que Circle saca el grueso de sus ingresos de las reservas y por eso el veto al rendimiento le afecta tanto— lo desglosamos en el análisis de cómo el veto al yield golpea a Circle.

El debate sobre cerrarla se ha trasladado al CLARITY Act (el Digital Asset Market Clarity Act), la otra gran pieza legislativa en curso, que regula la estructura de mercado de los activos digitales. Y aquí hay novedad reciente que cambia el cuadro respecto a hace unas semanas.

¿Qué cambia el CLARITY Act sobre el rendimiento de stablecoins?

A comienzos de mayo de 2026, los senadores Thom Tillis y Angela Alsobrooks pactaron un compromiso sobre el rendimiento que se ha incorporado al texto del CLARITY Act —concretamente en su sección 404— y que la industria respaldó. No prohíbe todo pago al usuario: prohíbe el rendimiento «funcional o económicamente equivalente» a un depósito bancario, es decir, cobrar simplemente por tener la stablecoin aparcada. Pero permite expresamente las recompensas «basadas en actividad»: cashback por gastar, puntos de fidelidad, incentivos por aportar liquidez o colateral, programas de uso.

El giro de fondo es de «buy-and-hold» a «buy-and-use» —de premiar la tenencia a premiar el uso—. Y sigue dejando espacio para terceros: un emisor no se considera responsable del programa de recompensas de un tercero salvo que «dirija» ese programa. El verbo «dirigir» queda sin definir, y ahí se juega toda la ambigüedad: co-marketing, reparto de ingresos o integración técnica podrían contar como dirigir, o no. Plataformas como Coinbase tienen incentivos para reorientar el USDC ocioso hacia estrategias de rendimiento basadas en actividad, en lugar de un interés pasivo, justamente para encajar en el lado permitido de la línea.

El telón de fondo es una guerra entre la banca y las cripto. La American Bankers Association advierte de que unas stablecoins con rendimiento podrían drenar depósitos del sistema bancario —en sus estimaciones, de unos 300.000 millones a hasta 2 billones de dólares (2 millones de millones)—, reduciendo la capacidad de crédito de los bancos en más de un 20 %. El Council of Economic Advisers de la Casa Blanca publicó en abril de 2026 un análisis sobre ese efecto, y el propio presidente Trump acusó en mayo a los bancos de «amenazar y socavar» el GENIUS Act por oponerse al rendimiento de stablecoins. La distinción entre tener y usar es, en el fondo, el campo de batalla de ese pulso.

¿Qué tienen que adaptar los protocolos DeFi?

La traducción a lo operativo para quien construye o usa DeFi (finanzas descentralizadas: protocolos sin intermediario que prestan, intercambian o custodian cripto mediante smart contracts). El GENIUS Act no regula directamente a un protocolo como Aave o Uniswap: regula al emisor de la stablecoin. Pero el efecto se filtra hacia abajo.

Primero, la composición de los pools. Un protocolo que tenga pools profundos en stablecoins que no obtengan licencia ni equivalencia se expone a un riesgo de liquidez: si un emisor no llega a cumplir, sus tokens pueden perder integración con rampas reguladas, exchanges centralizados y servicios de pago, y eso reduce el atractivo de esos pools. Los protocolos están empezando a inclinar incentivos hacia stablecoins que vayan a quedar dentro del marco.

Segundo, el rendimiento que un protocolo paga sobre stablecoins. Si un frontend con base en EE.UU. ofrece APY pasivo por depositar una stablecoin, entra en la zona gris de la prohibición de rendimiento. El rendimiento que viene de la actividad real del protocolo —comisiones de préstamo, comisiones de intercambio que se reparten a los proveedores de liquidez— encaja mucho mejor en el modelo «buy-and-use» que el texto del CLARITY Act protege. La frontera entre «interés por tener» y «recompensa por aportar liquidez» será el terreno de cumplimiento de los próximos meses.

Tercero, las rampas y los listados. Los exchanges y servicios de pago regulados tenderán a priorizar las stablecoins compatibles, lo que desplaza el riesgo regulatorio hacia las no compatibles aunque sigan circulando on-chain. Un token puede seguir existiendo en una blockchain y a la vez perder acceso a la infraestructura que le da utilidad.

¿Qué hay que vigilar antes del 18 de julio?

La cronología datada resume lo que ya pasó y lo que falta:

Tres señales concretas a seguir. Una: si alguna agencia publica su norma final antes del 18 de julio —y cuán distinta queda de la propuesta tras los comentarios—. Dos: si el Tesoro abre el procedimiento de equivalencia para emisores extranjeros, lo que decidirá el destino del USDT histórico de Tether. Tres: el avance del CLARITY Act en el pleno del Senado este julio, porque su sección 404 es la que de verdad fija si tus recompensas en stablecoin sobreviven y bajo qué forma.

¿Qué queda como lección operativa?

El GENIUS Act parecía cerrar el capítulo regulatorio de las stablecoins en EE.UU. en julio de 2025. La realidad a 15 días del aniversario es que el capítulo está abierto en su parte más concreta: las reglas que un emisor tiene que cumplir de verdad aún son borradores, el mayor emisor del mercado opera desde fuera del marco, y la batalla por el rendimiento se ha desplazado a otra ley cuyo término clave —«dirigir»— ni siquiera está definido. Para el usuario, la traducción es sencilla de enunciar y difícil de resolver: el 4,1 % que cobras hoy por tus USDC depende de una grieta que el CLARITY Act puede estrechar, y la stablecoin que más usas en DeFi puede tener un perfil regulatorio muy distinto del que crees. Los próximos meses no son de marco general; son de letra pequeña.

Fuentes y enlaces: Paradigm — GENIUS Act Rulemaking Tracker · OCC Bulletin 2026-3 · Federal Register — FDIC NPRM · Morgan Lewis — Implementación del GENIUS Act · CoinDesk — CLARITY Act y el rendimiento · Sen. Reed — Foreign Stablecoin Transparency Act · Federal Register — NPRM conjunto de CIP (22-jun-2026) · Davis Polk — Dodd-Frank Progress Report (dic-2013)